Uruguay vive la situación social y económica más grave que le ha tocado enfrentar en más de un siglo. Las causas de esta crisis se vinculan directamente con decisiones gubernamentales, tanto del pasado próximo como del lejano, que nos condujeron a un presente signado por la miseria creciente y la decreciente capacidad productiva. Sólo un gran esfuerzo nacional – similar al que se encara ante una guerra o una catástrofe natural – podrá evitar que el panorama se agrave, en cuyo caso los más infelices serán los más perjudicados.

Nuestra Universidad, que es de la República y para la República entera, tiene en esta instancia una enorme responsabilidad. Por vocación tradicional y mandato legal, explicitado en el artículo segundo de su Ley Orgánica, le corresponde contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales. Debe pues interpretar correctamente las prioridades del presente, para estar a la altura de las luchas universitarias del pasado, contribuyendo a forjar un futuro menos oscuro que el que hoy se cierne sobre el país.

En este momento, se ha propuesto que los gremios universitarios entren en huelga. Con serenidad, respetando las opiniones ajenas y las resoluciones de todos los organismos gremiales, sentimos la obligación de manifestar con claridad nuestra opinión: en las condiciones actuales, estamos completamente
en desacuerdo con la realización de una huelga universitaria.

Una medida de semejante envergadura tiene que tener objetivos claramente establecidos y viables; debe ser precedida de un análisis de sus posibilidades de éxito, de sus consecuencias más generales y de su impacto en la opinión ciudadana. Creemos que una reflexión al respecto muestra claramente que, en las actuales condiciones, se trata de una opción errónea.No nos extenderemos, sin embargo, en un análisis de tipo estratégico o táctico, pues estamos convencidos de que existen motivaciones de índole superior por las cuales los universitarios no deben ir hoy a la huelga. El desempleo abierto o encubierto cunde y amenaza a la mayoría de las familias uruguayas; aún quienes tienen su empleo relativamente garantizado, como los
funcionarios públicos, han visto disminuidos sus salarios y no pueden afrontar la caída de ingresos que para casi todos los trabajadores supone la huelga. Ignoramos si algún otro sindicato de empleados estatales proyecta adoptar semejante medida. Pensamos que no se justifica una huelga, con consignas más bien genéricas y la expectativa de seguir cobrando los salarios, cuando el hambre lisa y llana es un rasgo característico del panorama nacional.

Los esfuerzos y las movilizaciones deben ir por otros caminos. Debemos colaborar a hacer realidad la propuesta del PIT-CNT, que convoca a un gran entendimiento nacional para proteger a los más carenciados, reactivar las capacidades productivas y revertir la decadencia del país. Ello no podrá lograrse fácilmente, y menos aún en el corto plazo. Ante todo, hay que evitar que el país, literalmente, deje de funcionar.

La vigorosa y entusiasta movilización en defensa del Hospital de Clínicas marca rumbos. Se debe luchar para mantener abiertos los servicios universitarios. Por ese camino vamos al encuentro de las mayorías ciudadanas y podemos obtener ciertos éxitos que ayuden a los más débiles y revivan las esperanzas.

A los órdenes universitarios, la República nos ha confiado el cogobierno democrático de su Universidad. Tenemos pues la obligación de poner los recursos y las capacidades de nuestra institución al servicio de las grandes tareas de la hora: ayudar a los más desmunidos, buscar alternativas de avance, tejer la trama de una gran convergencia social para sacar al Uruguay del borde del abismo y ofrecer posibilidades de futuro a su gente.

En instancias dramáticas del pasado, la Universidad supo representar al país, como baluarte de las libertades y promotora de soluciones. Hoy debe comprometer sus mayores esfuerzos para preservar la salud de la población, poner sus conocimientos al servicio de la reactivación productiva, mantener las labores de extensión, enseñar pese a todas las dificultades, ofrecer perspectivas a los jóvenes que oscilan entre la desesperanza y la emigración.

Por todo ello, en especial, es preciso ampliar nuestra capacidad de convocatoria y diálogo con la ciudadanía, para al mismo tiempo enfrentar un proyecto de Rendición de Cuentas que daña gravemente a la enseñanza pública y va a contramano de las urgencias de la hora. Contra ese proyecto errado, estamos y seguiremos estando en conflicto.

En la mejor tradición de la Reforma Universitaria latinoamericana, lo que debe primar es el compromiso social de la institución. Esa obligación tiene que inspirar nuevas ideas, mejores esfuerzos y grandes movilizaciones. Hoy más que nunca, necesitamos una UNIVERSIDAD ABIERTA, CON TODOS SUS SERVICIOS Y EQUIPOS FUNCIONANDO AL MÁXIMO DE SUS POSIBILIDADES, AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA.

Montevideo, 31 de Julio de 2002