Resolución de la Mesa de la Asamblea General del
Claustro
Visto:
- que nuestro país atraviesa hoy la mayor crisis económico-social
de su historia, que la misma se manifiesta entre otras cosas en el progresivo
desmantelamiento del aparato productivo y del Estado, el aumento del endeudamiento
externo, la precarización del empleo, la creciente fragmentación
social, el inminente colapso del sistema de salud, la dramática
situación del sistema educativo público, el aumento de los
asentamientos informales, la infantilización de la pobreza y la
exclusión de sectores cada vez más vastos de nuestra sociedad
.
- el proceso de aprobación de la Rendición de cuentas.
Considerando:
- que la situación del país es producto de la aplicación
de un modelo económico que no aporta soluciones a los serios problemas
que afectan a la sociedad uruguaya, sino que, por el contrario, los profundiza;
- que la manifestación más clara de esta política
económica se expresa en la Rendición de Cuentas. Asimismo,
su proceso de aprobación constituye otro reflejo de la forma en
que se procesan cambios sin contemplar las propuestas de los actores sociales
y del resto del sistema político;
- que la rendición dispone un recorte indiscriminado del 8% en
gastos de funcionamiento y del 28% en inversiones para todas las reparticiones
del Estado. Dicho recorte por su carácter indiscriminado y no selectivo,
no jerarquiza los diversos incisos presupuestales según su impacto
social y económico. En la actual situación, los recortes
en áreas donde existen gastos improductivos y prescindibles no pueden
ser de la misma magnitud que en áreas de fuerte contenido social
o en donde la inversión pública posibilita la reactivación
y la generación de empleo directo;
- que el recorte planteado por el no pago por parte del Ministerio
de Economía de las partidas de gastos e inversiones que le corresponden
a la Universidad de la República y el no reconocimiento de la deuda
que el BPS mantiene con la Universidad, la que se le computa en forma retroactiva
como “Asistencia financiera al Banco de Previsión Social”,
son algunas de las disposiciones comprometen seriamente el funcionamiento
de nuestra Casa Mayor de Estudios. Esta situación tiene su expresión
más dramática en la realidad que vive el Hospital de Clínicas,
en lo que atañe a la asistencia en salud y al desarrollo de las
distintas actividades académicas que allí se desempeñan.;
- que en esta Rendición de Cuentas, en el capítulo de
“Racionalización de los Recursos Humanos del Estado”, están
planteadas modificaciones que exceden el actual período de gobierno,
lo que significa una violación de la Constitución Nacional.
En este capítulo se pretende, no sólo reducir el número
de funcionarios públicos, sino modificar el régimen de contratación
que afectará a los funcionarios que ingresen a la Administración
Pública en el futuro, generando un régimen de trabajo signado
por la precariedad, inseguridad laboral y la pérdida de las garantías
correspondientes al estatuto propio del funcionario;
- que una vez más el criterio para reformar el Estado no es el
de un redimensionamiento que favorezca el desarrollo nacional, la justicia
social y haga más efectivo su accionar. El criterio predominante
es el de achicar sin selectividad sus funciones y rebajar los derechos
laborales de sus funcionarios, desconociendo las conquistas logradas
en años de lucha por los trabajadores uruguayos;
- que el conjunto de tales políticas ha generado la reacción
y el profundo rechazo de los trabajadores y de amplios sectores sociales
que se organizan para exigir un cambio. Frente a esta situación,
el gobierno reacciona desconociendo derechos consagrados. Así en
particular, se cuestiona el derecho de huelga y de ocupación como
legítima extensión del anterior. En ese sentido, cualquier
acción que tienda a limitar derechos fundamentales del ejercicio
democrático es inaceptable;
- que hoy más que nunca, la Universidad de la República
no está ajena al crítico momento que está padeciendo
nuestro país, enfatizando los vínculos con la sociedad.
La Mesa de la Asamblea General del Claustro declara:
1. su enérgico repudio al contenido de la Rendición de
Cuentas y la exigencia al gobierno de implementar de inmediato, políticas
de desarrollo en áreas estratégicas exigidas por nuestra
sociedad y, en especial, de fortalecimiento efectivo de la educación
pública.
2. su apoyo a todas las acciones universitarias tendientes a aportar
al cumplimiento de los fines de la Universidad de la República establecida
en el Art. 2 de su Ley Orgánica; en particular al Plan de
Emergencia de Extensión Universitaria aprobado por el Consejo Directivo
Central. en sesión de 17.09.02 cuyo objetivo es contribuir a la
comprensión y solución de las problemáticas sociales
emergentes en el actual contexto crítico a través de la producción
y trasmisión del conocimiento mediante acciones de extensión
de respuesta rápida aplicadas a las demandas oportunamente priorizadas.
3. su apoyo a la iniciativa del Consejo Directivo Central de impulsar,
ante la Comisión Social Consultiva de la Universidad de la República,
el desarrollo de propuestas que aporten soluciones a la crisis que atraviesa
nuestro país, atendiendo a la situación del empleo, el desarrollo
productivo y la inclusión social..
4. su voluntad de que la Universidad de la Republica priorice tales
emprendimientos por medio de la asignación de los recursos económicos,
materiales y humanos que se estimen necesarios.
Montevideo, 18 de septiembre de 2002.