Gremios  Universitarios en Conflicto

Boletín electrónico de ADUR Nro. 1

De la legitimidad de medidas de lucha
...por los legítimos derechos.

Los cuestionamientos promovidos por algunos representantes del Gobierno, relativos a la legitimidad de las
ocupaciones que tienen lugar en el marco del Conflicto Universitario, que oportunamente motivaron declaraciones
a la opinión pública, tanto de ADUR como del propio Rector de la Universidad de la República Ing. Rafael Guarga,
e igualmente el posicionamiento tomado por la Justicia al respecto, hacían necesario que alguna opinión calificada
del ámbito académico atienda la imperiosa necesidad de dar luz sobre este problema. Por esta razón la Asociación
de Docentes de la Facultad de Derecho y ADUR Central propiciaron la actividad que tuviera lugar en la Facultad de
Derecho el martes 10 de setiembre pasado, tomando como tema el Marco Jurídico de las Movilizaciones Gremiales.

Es en este sentido que hemos encontrado apropiado difundir la siguiente nota realizada por el Diario La República
del 12-09-02 la que atiende a los aspectos más salientes de las opiniones vertidas por los especialistas convocados,
los Catedráticos Gonzalo Fernández, Helios Sarthou y Alberto Pérez Pérez.
 

 LOS CATEDRATICOS, GONZALO FERNANDEZ, HELIOS SARTHOU Y ALBERTO PEREZ PEREZ DIERON SU OPINION

La ocupación es legítima

* Al tiempo que la Justicia desestimó el pedido de Secundaria para desalojar los liceos ocupados, tres catedráticos uruguayos ­Alberto Pérez Pérez, Gonzalo Fernández y Helios Sarthou­ coincidieron en señalar que la huelga con ocupación constituye una medida legítima de lucha.

Organizado por la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho se debatió sobre el marco jurídico del conflicto y las ocupaciones en el ámbito universitario.
 
En el debate, denominado "El marco jurídico del conflicto y las ocupaciones en el ámbito universitario", que tuvo lugar en la Facultad de Derecho, el catedrático Alberto Pérez Pérez, afirmó que, desde el punto de vista del derecho positivo uruguayo, el artículo 57 de la Constitución establece que la huelga es un derecho gremial, "concepto dentro del cual entran, sin duda, los trabajadores tantos privados como públicos".

Agregó, que quienes negaron en algún momento ese derecho para los trabajadores públicos en Uruguay, posteriormente "se vieron superados por los acontecimientos y la evolución y, en otros casos, tuvieron la grandeza de modificar sus opiniones iniciales. Estoy hablando nada menos que de don Justino Giménez de Aréchaga".

Afirmó que, dentro del concepto de huelga, "entran una cantidad de actividades, no todas son la pura y simple suspensión colectiva del trabajo para lograr una finalidad determinada" y que la ocupación de lugares de trabajo, de estudio con un valor emblemático como es el caso de la Universidad, "es uno de los mejores medios para asegurar la efectividad de la huelga". 

"Desde el punto de vista de interpretar lo que quiere decir nuestro derecho constitucional y nuestro derecho de los Derechos Humanos, diría que es uno de los puntos donde hay mayor claridad. Aquí no hay dos bibliotecas", sentenció Pérez Pérez.

Fernández: "No existe delito penal"

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Fernández, sostuvo que desde el ámbito del derecho penal, la huelga y la ocupación no configuran delito alguno.

"Cuando me invitaron a esta mesa redonda", confió Fernández, "me costó aceptar la invitación por honrosa que ella sea. Porque plantearme como hipótesis de análisis y de trabajo si la huelga y la ocupación es o no un delito me genera una respuesta automática, la misma que expresaba un catedrático de Derecho Penal de Zaragoza cuando le preguntaban por la pena de muerte: digo no y no argumento. A mí me dan ganas de responder algo similar".

El integrante de la Comisión para la Paz, recordó que hasta fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la huelga fue considerada un delito para, posteriormente, ser reconocida como un derecho.

Señaló que existe una eventual colisión entre el mandato constitucional que reconoce el derecho de huelga como un derecho gremial y el artículo 165 del Código Penal uruguayo que castiga el abandono colectivo de funciones de los funcionarios públicos. "De ahí que buena parte de la doctrina histórica uruguaya", precisó el catedrático, "haya sostenido que el derecho de huelga era un derecho reconocido exclusivamente a los trabajadores de la actividad privada y no a los funcionarios públicos". 

Fernández afirmó que el artículo 165 del Código Penal uruguayos es "absolutamente inconstitucional" y que queda claro que ha sido tácitamente derogado a partir de la Constitución de 1934, desde el momento que los constituyentes de ese año reconocieron el derecho de huelga sin ningún tipo de limitación ni exclusión. Agregó, además, que la huelga con ocupación, siempre y cuando sea pacífica, no representa un delito de violencia privada, ni de usurpación del inmueble, ni tampoco un delito de asonada. 

"Me mueve a la sonrisa la vieja interpretación histórica de que como el artículo constitucional dice que la huelga es un derecho gremial, la expresión gremio aludía exclusivamente a los grupos de trabajadores de la actividad privada y que por ende no era extensible a la actividad pública, como si estos trabajadores no pudieran constituir gremios. Es una interpretación literal absolutamente superada. La huelga de funcionarios públicos no es delito y ellos tienen irrestricto derecho a ejercerla", sostuvo Fernández.

Sarthou: "Todas las formas de huelga son posibles"

Entre tanto, el abogado y catedrático de Derecho Laboral Helios Sarthou, se refirió al informe 218 de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la legalidad de la huelga con ocupación, incluso para los trabajadores públicos. 

El comité de la OIT consideró que tales limitaciones a este tipo de medidas sólo se justificarían en caso de que la huelga dejase de ser pacífica. "Este es el único rasgo que todos comparten. La violencia es la que excluye. Exceptuando esto, todas las formas de huelga son posibles", precisó Sarthou. 

Citó además al catedrático Palomeque de la Universidad de Salamanca quien, a comienzos de los 90, señaló que no existían huelgas típicas y huelgas atípicas.

"No se puede glorificar el pasado diciendo que la huelga con abandono de funciones es la huelga típica. Hay huelgas, la tipicidad es para cada tiempo. En realidad, las diferentes formas de huelga son el resultado de esta falta de equilibrio conflictual en el cual hubo necesidad de que los trabajadores fueran adaptándose a las condiciones de cambio de la sociedad y adecuando el método de lucha", afirmó Sarthou.

Recordó que en el pasado se discutió hasta dónde podía hacerse una huelga que en realidad no fuera directamente contra el empleador, sino contra la figura del Estado. 

"En este caso, más que nunca, está justificada porque la Rendición de Cuentas opera, en un momento muy difícil para el país, en el manejo de gastos e inversiones que tienen una incidencia profunda en las posibilidad de fuentes de trabajo y el dramático fenómeno del desempleo", manifestó Sarthou.

Dijo que la Rendición de Cuentas persigue "desnaturalizar la función pública", sustituyéndola por la actividad privada "en contratos basuras", como dicen algunas doctrinas laboralistas, "con el objetivo puramente de prestación de servicios, sin otros objetivos de fondo". 

"Hay realmente un ataque muy esencial a la función pública como tal. Creo que en cuanto a legitimidad en el marco jurídico de los fines, existen fundamentaciones absolutamente legítimas en el funcionamiento de la huelga ".

A juicio de Sarthou, el derecho sindical tendrá que seguir acompañando al hombre mientras exista el trabajo subordinado. "En época de la revolución industrial existía la miseria como explotación. Hoy, la explotación pasa por el desamparo y la falta de trabajo", enfatizó.